Economista alerta sobre riesgos de la nueva Ley de Inversiones del Gobierno
Martín Moreira, economista y miembro de la Red Boliviana de Economía Política, señala que el proyecto de Ley de Inversiones podría limitar la capacidad del Estado para regular sectores clave del país.
El economista Martín Moreira, que forma parte de la Red Boliviana de Economía Política, ha manifestado su preocupación por el proyecto de Ley de Inversiones enviado por el Gobierno a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Según Moreira, esta iniciativa podría tener efectos negativos debido a sus mecanismos de estabilidad jurídica, incentivos fiscales y arbitraje internacional.
Moreira enfatizó la necesidad de atraer inversiones tanto nacionales como extranjeras para impulsar el crecimiento del país, crear empleos y avanzar en la incorporación de tecnología, especialmente en un contexto de escasez de divisas. Sin embargo, remarcó que estas inversiones deben venir acompañadas de obligaciones claras que aseguren que una parte significativa de las ganancias permanezca en Bolivia.
El proyecto de ley, que incluye un total de 103 artículos, podría otorgar garantías a los inversionistas antes de establecer regulaciones en sectores estratégicos como la minería, hidrocarburos, litio, recursos evaporíticos y energía. Moreira advirtió que este enfoque podría limitar la capacidad de negociación del Estado en actividades que son fundamentales para el desarrollo del país.
Asimismo, el economista expresó su preocupación sobre la estabilidad jurídica a largo plazo y los mecanismos de arbitraje internacional. Observó que las garantías ofrecidas a los inversionistas no deberían restringir la capacidad del Estado para modificar sus políticas tributarias, ambientales o regulatorias conforme a las nuevas necesidades que puedan surgir.
En cuanto a los incentivos fiscales, Moreira sugirió que se debe analizar el impacto que tendrán en la recaudación del Estado y qué beneficios tangibles se obtendrán a cambio, en términos de generación de empleo, transferencia de tecnología, aumento de exportaciones y desarrollo productivo.
Por último, el economista concluyó que la Ley de Inversiones debería centrarse en proyectos que impulsen la creación de empleo formal, la incorporación de tecnología, el apoyo a proveedores nacionales y la generación de valor agregado, al mismo tiempo que se debe garantizar la protección de los recursos naturales y evitar que la atracción de capital resulte en una transferencia rápida de activos públicos.