Gobiernos de Arce y Paz bajo la lupa por el escándalo de ‘gasolina basura’
La investigación sobre la ‘gasolina basura’ señala posibles responsabilidades en las administraciones de Luis Arce y su sucesor, Luis Alberto Echazú, incluyendo a varios exfuncionarios clave.
El diputado Carlos Alarcón, que forma parte de la comisión especial de la Cámara de Diputados encargada de investigar el caso de la ‘gasolina basura’, reveló que el informe de dicha comisión apunta a responsabilidades tanto en el gobierno de Luis Arce como en el actual, liderado por Luis Alberto Paz.
Este informe será discutido en los próximos días por el pleno de la Cámara, donde se decidirá cómo continuará la investigación sobre la calidad del combustible y los contratos relacionados.
Alarcón mencionó que entre los posibles responsables se encuentran el expresidente Arce, y sus exministros Mauricio Medinaceli y Gallardo, así como el expresidente de YPFB, Wilson Dorgathen, y otros exejecutivos de la empresa estatal.
El legislador enfatizó que las gestiones de ambos presidentes tienen responsabilidad en este asunto y advirtió que cualquier intento de modificar o ignorar las conclusiones del informe deberá estar bien fundamentado. Dirigiéndose a la presidenta de la comisión, Ximena Arispe, Alarcón expresó su preocupación por el manejo del documento.
Uno de los puntos críticos señalados por Alarcón es un contrato entre YPFB y la empresa Ditol, firmado durante la gestión de Dorgathen en el gobierno de Arce. Este contrato sufrió varias modificaciones hasta ser ampliado nuevamente el 17 de diciembre de 2025, justo cuando se eliminó la subvención a los combustibles.
El diputado cuestiona por qué se optó por extender este contrato en lugar de buscar nuevas opciones de abastecimiento, considerando las nuevas dinámicas del mercado. Esta extensión mantiene el contrato vigente hasta el 30 de junio de 2026, una fecha clave en la que se relaciona con el escándalo de la ‘gasolina basura’.
La investigación cobra importancia, ya que afecta a YPFB, la principal empresa estatal del sector, y sugiere que las responsabilidades no son exclusivas de una administración. Según Alarcón, las modificaciones al contrato afectan a ambos gobiernos.
Finalmente, Alarcón criticó la demora en el tratamiento del informe, que estuvo aproximadamente un mes sin ser discutido tras ser enviado a la Presidencia de la Cámara Baja. Este documento ahora pasará al pleno de Diputados, donde se evaluarán las responsabilidades políticas y administrativas vinculadas a este escándalo, que impacta directamente en la economía, el transporte y el costo de vida de los bolivianos.